Convocatoria n.° 11 para la recepción de artículos acad´émicos e investigativos

2019-07-17

Reformas multiculturales de Estado y políticas públicas para la inclusión étnico-racial en América Latina y el Caribe

Las desigualdades étnico-raciales en América Latina y el Caribe constituyen un fenómeno de trascendencia histórica. Estas, han persistido sin alteración aparente en el transcurso del tiempo, abarcando un largo lapso que inicia en la época colonial y se extiende hasta nuestros días (Thorp, 1998; Thorp & Paredes, 2010). A pesar de los avances de algunos Estados, que se han preocupado por fomentar políticas inclusivas que permitan su superación, en el plano político e institucional (Puyana, 2019), aún son altos los niveles de desigualdad en nuestros países, constituyéndose en unos de los principales retos de la región. 

Expertos señalan que la matriz de estas desigualdades está condicionada por la matriz productiva, caracterizada por una alta heterogeneidad estructural (Sen, 2016; Stiglitz, 2012). De esta forma, la base de la suma histórica de las desigualdades persistentes (Tilly, 2006), que se manifiesta tanto en el plano social, cultural, territorial como político, encuentra en la clase social su determinante más importante, resultando esencial para explicar la magnitud de la reproducción de las brechas en el desarrollo social y el ejercicio pleno de los derechos de las comunidades étnico-raciales (Cepal, 2017). Dichos determinantes están asociados, entre otros, con factores como el nivel de ingreso, el acceso a recursos y servicios básicos tales como educación, salud, trabajo decente, protección social y espacios de participación política en el nivel central de los Estados (Cepal, 2016; De Ferranti et al., 2004; Ñopo, Chong & Moro, 2011). Comúnmente, la confluencia de estos factores caracteriza los núcleos de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social que determinan la persistencia y reproducción de las formas de discriminación acumuladas en el tiempo. 

Ante este panorama, la comunidad internacional ha reconocido la importancia de implementar políticas de equidad como principio fundamental para el desarrollo y la superación de las desigualdades (Cepal, 2012; Rey de Marulanda & Guzmán, 2003). Esto se ha visto reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que guían la Agenda de Desarrollo 2030. El objetivo 10, enfocado en la reducción de las desigualdades, reconoce los avances en la materia; sin embargo, plantea la necesidad de implementar políticas universales que permitan atender las desigualdades persistentes en las poblaciones desfavorecidas y marginadas a nivel mundial (PNUD, 2019). 

Atendiendo a este llamado, en los últimos años, los Estados de la región han reorientado sus agendas de gobierno para adoptar medidas de política pública que permitan alcanzar mayor inclusión social y una mejor redistribución de los beneficios del crecimiento económico en todos los eslabones de la sociedad (Acevedo-Rodríguez & Valenti-Nigrini, 2017). Estas medidas deberían traducirse en el goce eficiente de los derechos para todos los ciudadanos, especialmente aquellos pertenecientes a las comunidades de los grupos históricamente excluidos y marginados. No obstante, la desigualdad continúa siendo unos de los principales temas de la agenda pública, en tanto que el debate sobre sus orígenes y consecuencias se ha extendido a todos los espacios de la sociedad, incluyendo el académico (Senplades, 2014). 

Si bien los ODS han posicionado en la agenda política y académica el debate sobre las desigualdades (Cepal, 2018), debemos reconocer que su origen no es reciente (Thorp, 1998). En el caso particular de América Latina y el Caribe, la emergencia de los movimientos indígenas que reclamaban la reivindicación de sus derechos ciudadanos durante las últimas dos décadas del siglo pasado logró marcar la agenda constitucional de los Estados (Yrigoyen, 2004), llevando a muchos de ellos a reconocer el carácter multicultural y, en algunos casos, plurinacional de su composición (García-Linera, 2013). Aunque la discusión en la mayoría de los casos se ha centrado en la forma en la que se constituyen las relaciones entre los Estados y las comunidades indígenas (Díaz-Polanco, 1991; Yrigoyen, 2004), especialmente en lo relacionado con las autonomías y los derechos culturales, la existencia de una predisposición para el reconocimiento de las diferencias ha abierto una ventana de posibilidad para otras minorías étnico-raciales que también demandan el reconocimiento de sus derechos colectivos y una mayor participación política, como es el caso de los pueblos afrodescendientes (Antón-Sánchez, 2018; Wade, 2000). 

Con todo este antecedente, no cabe duda de que el interés por la formulación de políticas de inclusión étnico-racial en la región ha aumentado. Sin embargo, su eficacia en la reducción de las desigualdades sigue siendo cuestionada (Iturralde & Velázquez, 2016). A pesar de los logros alcanzados en materia de reconocimiento de derechos, existe una enorme deuda en cuanto al acceso a la participación política y la toma de decisiones en relación con políticas sectoriales que propendan por una reducción eficiente de las inequidades sociales, económicas, ambientales, territoriales, etc. (Del Popolo, 2016; Taylor, 2001). Justamente, la suma de estas inequidades ocasiona que el fenómeno de las desigualdades étnico-raciales en la región sea estructural y, por tanto, deba ser atendido de manera holística (Rangel, 2001; Valenzuela & Rangel, 2004). 

La década de 1990 significó para los Estados de América Latina el nacimiento el multiculturalismo y el surgimiento de los nuevos movimiento sociales, en consonancia con el giro neoliberal de las élites nacionales. Esto ocasionó que, en algunos países de la región, se dieran reformas constitucionales con el fin de romper con la tradición liberal monocultural de los Estados y construir una nueva dinámica de gestión a partir del reconocimiento de la multietnicidad y la pluriculturalidad (Acosta & Martínez, 2009; Barabas, 2014). Gracias a ello, el sistema político se abrió para recibir las demandas de reconocimiento de las ciudadanías colectivas de aquellas comunidades que, por factores de raza y etnicidad, habían estado al margen de las garantías constitucionales del modelo de Estado fundado a inicio de las repúblicas. Con el multiculturalismo se crearon instituciones, programas y proyectos de intervención para garantizar los derechos de las minorías. Políticas públicas de acción afirmativa, de paridad de género y la consulta previa, libre e informada, fueron algunos de los hitos principales que caracterizaron las reformas estatales. 

Sin embargo, a pesar de estos avances, treinta años después del auge del multiculturalismo, los reportes sobre garantías de derechos de ciudadanía de los pueblos indígenas y afrodescendientes son insatisfactorios. Las brechas entre grupos socioculturales son cada vez más amplias, en tanto que la satisfacción de los DECS (derechos económicos, sociales y culturales) parecería seguir privilegiando a los grupos dominantes en la estructura social. Vale decir que, aunque las cuestiones étnico-raciales han sido estudiadas especialmente desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el abordaje de los pueblos afrodescendientes y otras minorías étnico-raciales no pierde vigencia. Estudios sociodemográficos y socioeconómicos recientes apuntan al problema de la raza y la etnicidad como resultado de la dominación colonial que persiste desde la fundación de los Estados nacionales (Burns, 2014, Koonings, 1999), invitándonos a profundizar en los elementos que obstaculizan las garantías de igualdad en la región. Por esta razón, el presente número llama la atención sobre la imposibilidad del ejercicio de una ciudadanía plena, procurando entender el estado actual del debate y su relación con las políticas públicas estatales. 

De ahí que el presente número se plantee como objetivo principal profundizar en el análisis de las desigualdades étnico-raciales en América Latina y el Caribe, junto con el tratamiento que se le ha dado desde el Estado. Está dirigido a entender la eficiencia de las reformas multiculturales de los Estados para la inclusión y superación de las brechas de desigualdad históricamente establecidas. Asimismo, se espera constituir en un espacio propicio para el debate académico en dialogo directo con la sociedad. En ese sentido, se espera que los artículos recibidos ayuden a comprender mejor las relaciones de sumisión y de exclusión a las que son sometidas actualmente las comunidades étnico-raciales en la región desde la actuación de los entes gubernamentales, así como su incidencia en todos los ámbitos de la estructura social. Con ello, se espera que la reflexión y el debate giren alrededor de propuestas de mecanismos y herramientas óptimas que contribuyan eficientemente a la superación de la brecha de desigualdad persistente en la región. Para lograrlo, planteamos la exploración sistemática a partir de los siguientes problemas: 

  • ¿Cuáles han sido las bases históricas de las reformas multiculturales de los Estados en América Latina y el Caribe?
  • ¿Cómo han impactado las políticas públicas de inclusión social en las comunidades étnico-raciales y qué estrategias se han implementado para combatir la desigualdad en América Latina y el Caribe?
  • ¿Qué mecanismos e instrumentos de política pública se han diseñado y puesto en funcionamiento para reducir la brecha de desigualdad étnico-racial en los países de América Latina y el Caribe?
  • ¿Cómo se articulan las políticas públicas para la inclusión y la superación de las desigualdades étnico-raciales nacionales con los niveles de gobierno regional y local en los países de América Latina y el Caribe?
  • ¿Cuál es el grado de participación política de las comunidades étnico-raciales en la toma de decisión a nivel central en los países de América Latina y el Caribe?
  • ¿Qué mecanismos de política pública se han implementado para lograr una mayor inclusión económica de las comunidades étnico-raciales en los países de América Latina y el Caribe?
  • ¿Qué estrategias de inclusión social se han llevado a cabo para garantizar el acceso de las comunidades étnico-raciales a recursos y servicios básicos en los países de América Latina y el Caribe?

 Referencias bibliográficas  

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